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El programa Next Generation EU o Mecanismo de Recuperación y Resiliencia es un plan de inversiones creado por la Unión Europea para reactivar la economía después de la crisis del coronavirus. Fue aprobado por el Consejo Europeo el 21 de junio de 2020. Para lograr estos objetivos se ha previsto la canalización de estas ayudas a través de Planes de Recuperación a desarrollar por cada Estado miembro que incluyen las reformas y los proyectos de inversión necesarios. En concreto, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España (en adelante PRTR) persigue entre sus objetivos ser referente en la protección y conservación de la riqueza de sus bienes naturales como activo de sostenibilidad para los territorios y elemento fundamental para hacer frente a los desafíos climáticos, apostando por la descarbonización y la inversión en infraestructuras verdes y soluciones basadas en la naturaleza. Del mismo modo, persigue el objetivo de ser un país resiliente, que impulsare la ciencia y la I+D+I, las ciudades sostenibles y el reto demográfico para garantizar la cohesión territorial. El PRTR incluye entre sus diez políticas palanca una política dirigida a «Infraestructuras y ecosistemas resilientes» (política palanca 2), que a su vez incorpora un componente de «preservación del litoral y recursos híbridos» (componente 5). En este componente se incluye la inversión 2 (C5.I2) para el «seguimiento y restauración de ecosistemas fluviales, recuperación de acuíferos y mitigación del riesgo de inundación» que incluye actuaciones dirigidas al seguimiento y restauración de ecosistemas fluviales y reservas naturales fluviales, incluyendo los tramos urbanos de ríos. Se trata de medidas básicas necesarias para alcanzar los objetivos ambientales exigidos por la Directiva Marco del Agua y con actuaciones que geográficamente se localizan principalmente en las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias, por tanto, competencia de la Administración General del Estado. Se prevé así mismo, dentro de esta inversión 2 realizar actuaciones de mitigación de riesgo de inundación, incluidas medidas de prevención en materia de ordenación del territorio y urbanismo, la elaboración de guías técnicas para reducir la vulnerabilidad de los elementos expuestos en las zonas inundables y promover la adaptación al riesgo de inundación de distintos sectores económicos. Además, los municipios deberán promover la implantación de sistemas de drenaje sostenibles, la mejora de la permeabilidad de los entornos urbanos y la conexión de los mismos con los valores ambientales de los ríos en las zonas urbanas, sobre la base de las guías técnicas elaboradas y los objetivos de la planificación hidrológica.